La cancelación de antecedentes es algo importante una vez que el condenado por el delito ha cumplido su pena. A partir de ese momento empieza a contar el plazo para poder solicitar la cancelación de antecedentes y evitar así que le perjudique en caso de tener otro procedimiento de las mismas características.

No es agradable pedir un certificado de antecedentes penales y que aparezca una condena que debería estar cancelada y por tanto no debería aparecer. Pero a veces no se hace de oficio y es muy conveniente pedirlo expresamente.

Así el Código Penal establece unos plazos de cancelación en función de la calificación de la pena impuesta, que a su vez va en función del delito cometido y de la pena finalmente  impuesta en sentencia firme.

De esta forma tenemos que tener en cuenta por una parte la clasificación de la pena, y por otra parte el plazo que establece el código para que se pueda hacer efectiva la cancelación.

La clasificación de las penas la contiene el art. 33 CP y clasifica las penas como GRAVE, MENOS GRAVE y LEVE

GRAVE serán por ejemplo las penas de prisión permanente revisable, la prisión superior a cinco años, etc.

MENOS GRAVE será por ejemplo la prisión de tres meses hasta cinco años, las inhabilitaciones especiales hasta cinco años,  la multa de más de tres meses, etc.

Y LEVE será por ejemplo la pena de multa de hasta tres meses, la localización permanente de un día a tres meses, etc..

Y los plazos de cancelación los encontramos en el artículo 136

Los condenados una vez hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos:

  • a) Seis meses para las penas leves.
  • b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
  • c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
  • d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
  • e) Diez años para las penas graves.

El apartado b) del 136 que puede llevar a confusión en la referencia que hace a las penas impuestas por delitos imprudentes, pues se puede dar el caso que por un delito imprudente sea castigado a una pena de multa de 3 meses, por ejemplo, y por la misma acción el sujeto sea condenado a otra pena de multa de 2 meses también por delito imprudente.

¿En este caso cuando se cancelarían los antecedentes? ¿Tenemos que atender a la consideración del delito, o a la clasificación de la pena con independencia de que se haya impuesto como consecuencia de la comisión de un delito imprudente?

La respuesta la encontramos en uno de los Principios que rige el Derecho Penal: la ley penal siempre debe aplicarse en favor del reo y por otro lado en la clasificación de la pena que establece el art. 33.

Si el apartado 4 de este artículo 33 define como pena leve la multa de hasta 3 meses, aunque haya sido impuesta por un delito imprudente podrá ser cancelada a los 6 meses, por lo que el plazo de cancelación de 2 años operará siempre en beneficio del reo y nunca en perjuicio.

Tampoco se suman las dos penas para tener en cuenta la cancelación. Se trata de condenas independientes con su liquidación independiente y por tanto su tiempo de cancelación independiente. Puede ocurrir que una de las penas de multa el condenado la abone ese mismo día en cuyo caso los 6 meses comenzarán a contar al día siguiente para la cancelación y que la otra no la pague hasta que hayan pasado 8 meses, pues será en ese momento cuando empiece a computar el plazo de 6 meses para su cancelación.

El criterio del Registro Central de Penados y Rebeldes es atender a la clasificación de la pena, si es pena leve el plazo de prescripción será de 6 meses.

A los 6 meses, contados a partir de haber cumplido la condena, el antecedente será cancelado, siempre que la persona condenada en su momento no haya vuelto a delinquir.

El resto de penas, en función de la importancia cualitativa y la clasificación de la pena, hemos visto que va de 2 años hasta los 10 años para las penas graves.

Desde Ad&Law entendemos muy conveniente hacer una solicitud expresa de cancelación al Registro Central de Penados y Rebeldes, para evitar problemas ante un nuevo proceso judicial, aunque legalmente ese antecedente nunca sería computable, evita problemas su cancelación expresa.

Desde Ad&Law te ofrecemos un servicio integral que incluye asesoramiento para evitar incurrir en delito no ya doloso o intencionado sino por mera imprudencia hasta la solicitud de la cancelación de antecedentes penales y/o policiales que puedas tener por el motivo que fuere.