Todo administrador, en algún momento de la duración de su cargo o antes de aceptarlo, debería reflexionar sobre los límites de su función y por tanto de su responsabilidad al frente de la sociedad que administra.

La Ley 31/2014, de 3 diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital en materia de gobierno corporativo, introdujo importantes cambios que atañen de forma especial al órgano de administración siendo objetivo de la misma el de la «tipificación más precisa de los deberes de DILIGENCIA y de LEALTAD”, que son los principales deberes de un administrador.

DEBER DE DILIGENCIA

El deber de diligencia comprende el deber de ejercer efectivamente el cargo, el deber de vigilancia o supervisión y el deber de informarse. En el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado:

1.- De buena fe

2.- Sin interés personal en el asunto objeto de decisión

3.- Con información suficiente

4.- Y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.

Se pretende así garantizar a los administradores sociales que sus hipotéticos errores cometidos en la gestión de la empresa en cuanto a la toma de decisiones no derivarán de manera necesaria en su consideración como responsables frente a la sociedad, sus socios o los terceros por los daños ocasionados por tales equivocaciones. La administración de la sociedad entraña una dosis de discrecionalidad en la toma de decisiones, sin que las mismas puedan responder a una ciencia exacta.

No debemos olvidar que los administradores, al aceptar el cargo, responden únicamente de ejercer sus funciones con arreglo a lo que prescriben las Leyes, los estatutos sociales, con observancia de los deberes que les son propios. Por tanto, la obligación de los administradores no es asegurar el éxito económico de la sociedad, sino desempeñar el cargo persiguiendo los intereses de esta.

DEBER DE LEALTAD

El deber de lealtad se define como el deber que obliga a los administradores a procurar el mejor interés de la sociedad en todo momento. Debiendo anteponerlo, por lo tanto, a cualesquiera otros intereses y, en particular, a los personales del mismo.

La doctrina concreta el deber de lealtad en los siguientes puntos:

1.- Evitar los conflictos de intereses entre los administradores, o de sus familiares más directos, y la sociedad, comunicando en todo caso su existencia, de no ser evitables, al Consejo de Administración, en caso de que lo haya.

2.- No desempeñar cargos en empresas competidoras de la sociedad o de su grupo.

3.- No utilizar, con fines privados, información no pública de la sociedad.

4.- No hacer uso indebido de activos de la sociedad ni tampoco valerse de su posición de esta última para obtener, sin contraprestación adecuada, una ventaja patrimonial.

5.- No aprovecharse de las oportunidades del negocio que conozca por su condición de administrador.

6.- Mantener secretos, aún después de su cese, cuantos datos e informaciones reciba en el desempeño de su cargo, no pudiendo utilizarlos en beneficio propio, ni facilitarlos a terceros, sin perjuicio de las obligaciones de transparencia e información que impongan la legislación mercantil y de los mercados de valores.

7.- Abstenerse de intervenir en las deliberaciones y votaciones sobre propuestas de nombramiento, reelección o cese cuando les afecten, así como en cualquier otra cuestión en la que tengan interés particular.

8.- Notificar a la sociedad los cambios significativos en su situación profesional, o los que puedan entrañar un conflicto de interés.

9.- Informar a la sociedad de todas las reclamaciones judiciales, administrativas o de cualquier otra índole que por su importancia pudieran incidir gravemente en la reputación de la sociedad.

Una vez definidos los deberes del administrador, la pregunta es obligada: ¿cuándo es responsable un administrador a título individual? Pues en nuestra opinión, y en base a la jurisprudencia más reciente, es necesario que concurran tres requisitos:

1) Que se haya producido un daño al socio o acreedor, que ha de consistir en una lesión directa de su patrimonio, por lo que no basta acreditar la mera insolvencia de la sociedad, o el impago total o parcial del crédito, o el cierre de hecho de la empresa, etc.

2) Que se hayan producido actos u omisiones negligentes por parte de los administradores, por incumplimiento de la obligación de proceder como un ordenado empresario, pues no es necesario que se haya producido un acto contrario a la ley o a los estatutos sociales, sino que basta con que se haya omitido la diligencia que corresponde a un ordenado representante legal.

3) Que exista relación de causalidad entre la conducta y el daño

Así, mediante la acción individual contra el administrador se pretende reparar el perjuicio ocasionado al reclamante, fruto de la actuación negligente de aquel. La legitimación para su ejercicio la tiene, consecuentemente, cualquier persona, aunque no tenga el carácter de socio.

De esta responsabilidad, que reviste carácter solidario entre todos los miembros del órgano de administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo (o incurrió en la omisión dañosa), únicamente pueden exonerarse, según el art.237 LSC, los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o conociéndola, hicieron todo lo exigible dentro de una actuación diligente.

Por tanto el administrador responderá personalmente del incumplimiento de los deberes que les corresponden en el ejercicio del cargo, generándose únicamente responsabilidad individual cuando, de forma intencionada o negligente, su actuación haya ocasionado un daño a la sociedad, a los socios o a terceros.

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Ana Belén Spínola Pérez

Responsable del departamento legal de Ad&Law