Seguimos a vueltas con la liquidación de las llamadas plusvalías por los Ayuntamientos, hablamos del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

En la primera mitad del presente año el Tribunal Constitucional dictó varias sentencias en cuestiones de inconstitucionalidad, en concreto:
– STC 26/2017, de 16 de febrero (cuestión de inconstitucionalidad 1012/2015),
– STC 37/2017, de 1 de marzo (cuestión de inconstitucionalidad 6444/2015),
– STC 48/2017/2017, de 27 de abril (cuestión de inconstitucionalidad 232/2016),
– y STC de 11 de mayo de 2017 (cuestión de inconstitucionalidad 4864/2016 ).

Esta última, estimaba la cuestión de inconstitucionalidad, declarando que los artículos 107.1 , 107.2ªa de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, cuando no hay un incremento en el valor del bien, no hay hecho imponible y por tanto no nace el derecho de la administración al cobrar el tributo que grava el incremento de valor sobre los terrenos de naturaleza urbana.

Pues bien, ha sido en el mes de Junio de 2017 cuando el Tribunal Supremo en su sentencia de 27/06/2017 ha recogido esta doctrina constitucional como la aplicable para la liquidación de este impuesto, quitando la razón al Ayuntamiento, en este caso de una localidad Valenciana, que había liquidado el impuesto a pesar de que el inmueble no solo no había tenido un incremento en su valor, sino que se había depreciado considerablemente, hasta casi un 50% de su valor inicial.

Hasta ahora, no han sido pocos los pacientes contribuyentes que han esperado a ver cómo se pronunciaban los tribunales a este respecto, pues los Ayuntamientos como decimos, por regla general no están aplicando esta doctrina, y obligan a los contribuyentes a plantear procedimientos, conscientes de que muchos de ellos nunca llegarán a presentarse.

Pero parece que llega el momento de dar un paso al frente, e impedir los abusos que se están cometiendo. Cuando no haya incremento en el valor del bien, es decir, cuando se vende por un precio inferior al de compra, NO SE DEVENGA EL IMPUESTO, por tanto no habría que pagar la comúnmente conocida como plusvalía.
Todo ello siempre que los valores sean los reales. No ampara la ley el fraude en la valoración para no pagar el impuesto.

En esta situación se encuentran numerosas personas que compraron en plena burbuja inmobiliaria, a partir de 2003/2004 y que vendieron sus propiedades unos años después.

Si este es tu caso, desde el área legal de Ad&Law te podemos ayudar a recuperar lo que has pagado sin tener obligación de hacerlo.

Fdo.- Ana Belén Spínola Pérez
Abogada
Responsable del área legal de Ad&Law