Una situación de impago no solo produce situaciones incómodas entre el cliente y la empresa, o la empresa y el proveedor. Un impago, si se alarga en el tiempo, puede llegar a provocar grandes problemas de caja y perjudicar seriamente las cuentas de las empresas o pymes. La morosidad pese a estar regulada por ley en España se encuentra entre las principales causas de cierres de negocios en nuestro país.

Ley de morosidad
Para evitar problemas de liquidez, y viendo la gran problemática que puede acarrear las deudas para las empresas se modificó la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Se pautaron unos plazos máximos de pago en las operaciones comerciales de 60 días en el caso de la empresa privada y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas, a contar a partir de la entrega de los productos o prestación de los servicios. La Ley también contempla la posibilidad de reclamar intereses de demora por los costes de cobro a los que se tuviera que hacer frente. Además cabe destacar las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 4/2013 de apoyo al emprendedor. En este caso el plazo de pago será de 30 días si no se hubiera pactado un plazo más amplio en contrato, en cuyo caso el límite será de 60 días máximo.

La normativa vigente ha reducido la morosidad, que alcanzó su tope en el 2008, pero sigue siendo un lastre para muchas empresas. Debido a ello en mayo de 2017 se ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para implantar un régimen sancionador contra la morosidad tanto en el sector público como en el privado para proteger al pequeño empresario y al autónomo frente a los abusos cometidos por sus pagadores. El régimen sancionar propuesto contempla multas que van desde los 60 a hasta los 829.000 euros en función del tipo de infracción.

Como gestionar los impagos
Con este marco legal vigente y si la primera vía, la del reclamar el pago mediante un primer aviso, no resulta satisfactoria, se debe iniciar un proceso legal lo antes posible. Es entonces cuando recomendamos recurrir en primer lugar, antes de ir a juicio, al requerimiento formal. La idea en este caso es dejar claro al deudor que se va a hacer todo lo posible para cobrar esa factura pendiente. Para este trámite es mejor emplear una notificación fehaciente o un burofax, para que así quede constancia de la recepción del aviso.

Si tampoco se consigue el objetivo, es momento de acudir a la justicia, amparado bajo la Ley de Morosidad y el propio Código Civil. Existen diferentes procedimientos:

Procedimiento monitorio: Esta es la vía más rápida, sobre todo si son reclamaciones inferiores a los 2.000 euros. No será obligatorio acudir con abogado ni procurador.. Para este tipo de procedimiento judicial se necesitan documentos que acrediten dicha deuda. Una vez admitida la solicitud, el juez concede 20 días al moroso para que abone la deuda o demuestre por qué no debe hacerlo. Si se niega a pagar, este procedimiento monitorio pasa a ser juicio verbal o bien ordinario, eso ya depende de la cuantía económica que se reclame.

Procedimiento declarativo verbal u ordinario: Iniciar uno u otro dependerá si la cantidad a reclamar es menor o mayor de 6.000 euros. Se puede acudir a esta vía sin necesidad de instar previamente la petición inicial de procedimiento monitorio. La resolución tendrá en ambos casos efectos declarativos. Una vez sea firme la sentencia del juez, si no se abona la deuda se puede interponer una demanda ejecutiva para embargar los bienes del deudor.

Procedimiento cambiario: Es el procedimiento judicial mediante el cual se solicita el pago de una deuda vencida documentada en una letra de cambio cheque o pagaré. La demanda, que debe de ser presentada obligatoriamente por un abogado y un procurador, se acompañará siempre y en todo caso por el documento original. Una vez entregada la documentación el juez, éste comprueba que el efecto bancario es correcto y, tras ello, requiere al deudor para que pague en un plazo de diez días. Además, de forma preventiva ordena el embargo de bienes del deudor por la cantidad de la deuda más los intereses, gastos y costas, por si acaso se produjera el caso de que el deudor no pague la deuda.