En este nuevo post relativo al Compliance Penal, trataremos la CULTURA DEL RESPETO AL DERECHO, que es uno de los pilares más importantes que subyace bajo la inclusión en nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Es la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 154/2016 de 29 de Febrero la que establece las pautas esenciales para definir, lo que la UNE 19601 ha dado en llamar el Sistema de Gestión de Compliance Penal, consistente en el establecimiento y correcta aplicación de MEDIDAS DE CONTROL EFICACES que prevengan en intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la empresa u organización.

Así, será determinante a efectos de la existencia de responsabilidad penal de la persona jurídica, el análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una CULTURA DE RESPETO AL DERECHO. Cultura que habría de manifestarse en concretas formas de vigilancia y control de comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión del delito.

Por tanto, lo que exige a la empresa, tanto el Código Penal como la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es una CULTURA DE CUMPLIMIENTO, manifestada en la EXISTENCIA DE INSTRUMENTOS ADECUADOS Y EFICACES DE PREVENCIÓN DEL DELITO.

Esta doctrina jurisprudencial ha sido recogida por sucesivas sentencias del Tribunal Supremo viniendo a decir  que la persona jurídica no es responsable penalmente de todos y cada uno de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y en su beneficio directo o indirecto por las personas físicas que actúan en su nombre, y solo responderán cuando se “hayan incumplido GRAVEMENTE los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad, atendidas las circunstancias del caso”.

El problema es la indeterminación, hasta el momento del concepto de “incumplimiento grave”, que deberá ir definiéndose por la jurisprudencia para paliar la inseguridad jurídica que esto puede suponer. Pero lo destacable es que no se pueden incumplir esos deberes de supervisión, vigilancia y control si no existen medidas destinadas a prevenir el delito. Por tanto queda al margen el tema de que el incumplimiento sea grave o moderado, cuando lo que hay es una ausencia absoluta de medidas de control.

El Supremo se ha pronunciado recientemente (STS 668/2017 de 11 de Octubre) sobre la eficacia de las medidas de prevención del delito, y sin haber dejado claro el tema de cuándo estamos ante un incumplimiento grave (susceptible de derivar en la condena penal de la persona jurídica), lo que ha recogido de manera muy clara es que la responsabilidad de las personas jurídicas aparece ligada a la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que deberá manifestarse en alguna clase de medidas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos.

Es decir, los tribunales van a valorar muy positivamente que la empresa tenga una cultura de respeto al derecho y que tenga establecidas medidas de control propias destinadas a evitar la comisión de delitos, sin esto las posibilidades de condena se multiplican en una empresa en cuyo seno se comete un delito (de los que puede cometer la persona jurídica) y del que se beneficia directa o indirectamente.

Pero el Supremo ha ido más allá en la STS 316/2018 de 28 de Junio de 2018 que analizaremos más detalladamente en la siguiente entrada, señalando las bondades de la buena praxis corporativa en la empresa y lo positivo de implementar programas de cumplimiento normativo que garanticen que determinadas actuaciones delictivas no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abusos de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo detectaría de inmediato. No se trata únicamente de la responsabilidad penal de la persona jurídica se trata de proteger nuestro negocio frente a comportamientos desleales y/o ilícitos, de miembros de la empresa.

Por tanto, con independencia de las dimensiones de nuestra empresa, deberemos ir adaptando la misma persiguiendo este nuevo concepto de CULTURA DE RESPETO AL DERECHO, estableciendo Sistemas de Gestión de Compliance Penal que contengan medidas de control y vigilancia para evitar la comisión delictiva en el seno de la misma.

Con todo ello, además conseguiremos hacer de nuestra empresa  una empresa mejor, más competitiva, mejor posicionada en el mercado, y por tanto con una mayor proyección de crecimiento, mejorando su reputación y mejorando el control sobre ella.

El Compliance es, por tanto, uno de los mejores aliados de tu empresa.

 

Ana Belén Spínola Pérez

Abogada. Directora del área legal de Adandlaw