La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la reforma del año 2010, pero no ha sido hasta la reforma operada la Ley Orgánica1/2015 cuando se han establecido las bases de la responsabilidad de la persona jurídica, es decir cuándo es penalmente responsable una persona jurídica.

Este concepto ya fue analizado en anteriores entradas, con esta se pretende establecer  al hilo de la Sentencia del Tribunal Supremo 121/2017 de 23 de Febrero, el catálogo de delitos que pueden ser imputados a una persona jurídica.

Pues la persona jurídica no es susceptible de ser sujeto activo de todos los delitos del Código Penal es decir una persona jurídica, una empresa, no puede asesinar, no puede causar lesión, pero sí puede estafar, sí puede cometer un delito contra el medio ambiente o contra la salud pública.

El catálogo de delitos que pueden ser cometidos por la persona jurídica son los siguientes:

Es frecuente encontrar en un Sistema de Gestión de Compliance Penal el delito contra los derechos de los trabajadores como riesgo a mitigar para evitar que la empresa incurra en responsabilidad penal. Se trata de un error conceptual, basado quizás en la redacción del art. 318 del CP, que establece una derivación de la responsabilidad penal al administrador o encargado del servicio que hayan sido responsables del este delito, (Incumplimiento de los derechos de los trabajadores…..)

Por tanto, debemos conocer perfectamente qué delitos son susceptibles de ser cometidos por la persona jurídica, para que con independencia de que la cultura de cumplimiento rija nuestra empresa, centrar los esfuerzos del Sistema de Gestión de Compliance Penal es los delitos por los cuales puede resultar condenada la persona jurídica. Y ante una posible imputación por delitos que no puedan ser cometidos por la persona jurídica, esto está ocurriendo, estar preparados para llevar a cabo la mejor estrategia de defensa posible.
Este delito NO puede ser cometido por la persona jurídica
, por el simple hecho de que el Código Penal no lo recoge como tal. Esto ha generado gran polémica doctrinal, pero los principios que regulan el Derecho Penal impiden que la persona jurídica pueda ser condenada por este delito. La misma polémica doctrinal genera que el delito de apropiación indebida no esté incluido dentro del catálogo de delitos que pueden cometer las personas jurídicas, pero no lo está.