El uso de las nuevas tecnologías ha permitido e impulsado la manera tradicional de compartir, intercambiar o comprar. Actualmente, nos encontramos con numerosas compañías que deciden poner en contacto a sus usuarios para que compartan “bienes o servicios” y esto es lo que conocemos como la economía colaborativa. 

Pero, ¿es posible que este modelo esté compitiendo de forma desleal? En el artículo de hoy, te hablamos de este problema y en concreto de los casos Uber y Bla Bla Carlas aplicaciones para compartir viajes rápidos que han estallado muchas polémicas por su cultura de trabajo.

La legislación y la realidad

 

En España contamos con grandes ejemplos de empresas cuya filosofía se basa en la economía colaborativa, como pueden serlo AirbnbCabifyWallapop, Chicfy o las anteriormente citadas Uber y Bla Bla Car, modelos de negocio en auge y de imparable crecimiento. Muchos usuarios recurren a ellas porque  los precios son más ventajosos o porque  los servicios se adaptan más a sus necesidades y horarios.

Pero, como de costumbre, la legislación va siempre detrás de la realidad: hay un ámbito bastante indefinido entre lo que se recibe y se presta a través de una plataforma informática, es decir, no existe una regulación específica a este respecto.

De momento, como cualquier plataforma ‘online’, dichas empresas deberían estar únicamente sujetas a la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico. Esta falta de legislación puede prestarse a dudas sobre qué regulación debe aplicarse en cada ámbito, cómo debe aplicarse y si este vacío legal puede derivar en competencia desleal por parte de estas empresas.

En este sentido, ponemos de relieve la problemática surgida entre los taxistas y Uber y, como consecuencia, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 20 de Diciembre de 2017 que nos puede arrojar un poco más de luz sobre este tema.

Uber, la controversia más polemica

 

La controversia con Uber surgió en nuestro país como consecuencia de la denuncia que interpuso la Asociación Profesional Elite Taxi contra la plataforma Uber, a la que acusaron de estar prestando un servicio de taxis ilegal en la ciudad Condal. Por el contrario, Uber se ha defendido catalogándose no como empresa de transporte, sino como compañía dedicada a “poner en contacto a dos iguales a través de la tecnología”, haciendo de intermediario.

Ante la complejidad del litigio, el titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la problemática. En el presente caso judicial (C-434/15), el Tribunal falla a favor de los taxistas al considerar a la plataforma Uber como un servicio de intermediación cuyo elemento principal es un servicio de transporte. De esta manera, Uber deberá cumplir con los mismos requisitos que cualquier compañía de transporte, extremo que no venía haciendo.

Bla Bla Car, absuelta de las acusaciones

 

Otro caso importante en relación a la competencia desleal ha sido la sentencia nº 30/2017 del 2 de Febrero, pronunciada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid contra la plataforma Bla Bla Car, acusada por la patronal de autobuses Confebús de competencia desleal e incumplimiento de la ley.

Tras la desestimación de las medidas cautelares, este mismo juzgado ha absuelto a Bla Bla Car, indicando que queda probado que la actividad de la empresa queda ajena a la regulada por la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT). La puesta en contacto de particulares con más o menos requisitos, con un control de pagos y con una crítica de las personas intervinientes sobre retrasos o sobre la calidad de otros servicios, no es una actividad sujeta a esta ordenación.

La sentencia señala que losconductores “no están contratados por Blablacar, ni pertenecen a una empresa o a una industria dedicada a este fin. Son particulares que por su cuenta y riesgo se ofrecen a la plataforma buscando a personas que tengan interés en realizar ese mismo viaje y pagar, no en el sentido de pagar un canon o un servicio, sino de pagar el coste de un viaje”.

En definitiva, Bla Bla Car podrá seguir operando en España tal y como hacía hasta ahora y con un precedente judicial importantísimo a favor de la economía colaborativa.

La ausencia de regulación para conseguir beneficios

 

Desde otra vertiente, se habla de que estas plataformas se están aprovechando de la ausencia de regulación para conseguir grandes beneficios.

Las empresas tradicionales reclaman que en sectores regulados como lo son el transporte urbano o el alojamiento turístico, estas plataformas están participando sin cumplir con las obligaciones de los actuales operadores, lo que a su juicio supone una clara competencia desleal. Además, manifiestan la falta de respeto de los derechos laborales de las personas que prestan sus servicios en ellas, sorteando la normativa fiscal y/o la de protección de los consumidores.

A favor de estas cuestiones, la Comisión Europea ha publicado Una agenda Europea para la economía colaborativauna serie de recomendaciones a los Estados miembros dirigidas a orientar a los servicios que se encajan dentro de la economía colaborativa.

Sin embargo, seguimos en un escenario caracterizado por la inseguridad jurídicaya que las recomendaciones u orientaciones han sido percibidas como ambiguas por algunos expertos, y todavía necesitan de un desarrollo de aspectos como el impacto social de la economía colaborativa o el riesgo de consolidación de monopolios digitales.

En definitiva, lo que parece estrictamente necesario es legislar estos nuevos modelos de negocio, que sin duda alguna si se desarrollaran de manera responsable, aportarían una importante contribución a nuestra economía. Para ello, deberían fijarse unas líneas para que esta revolución tecnológica tenga cabida en nuestro ordenamiento, junto con los operadores tradicionales y sin obstaculizar la innovación, la creación de empleo y el crecimiento.

El número de usuarios de estas plataformas sigue aumentando, contribuyendo al crecimiento continuo de estos modelos de negocio. Es previsible por lo tanto que lo que en este momento no está regulado, se consoliden jurídicamente. Deberemos estar mientras tanto muy pendientes de las resoluciones judiciales: serán ellas las que nos den las claves sobre la economía colaborativa y su posible competencia desleal. Por lo menos, hasta que llegue la legislación específica.