Las manifestaciones de la economía colaborativa

 

La economía colaborativa, consumo colaborativo o sharing economy es un sector económico en el que se comparten y se intercambian bienes y servicios a través de plataformas electrónicas. Dentro de tal modelo, es posible distinguir las siguientes manifestaciones:

Sistemas basados en productos: en lugar de adquirir un artículo, se paga por su uso durante un tiempo determinado. Un ejemplo es el car sharing, el alquiler de coches entre usuarios;

Mercados de redistribución: en estos tipos de mercado, se redistribuyen los bienes usados o adquiridos de donde ya no se necesitan hacia algún lugar, como los mercados de intercambio de segunda mano o la venta de elementos usados (e-bay por ejemplo), por un precio inferior al de mercado.

Estilos de vida colaborativos: hace referencias a personas con intereses comunes que se unen para compartir e intercambiar bienes menos tangibles, como tiempo y espacio. Por ejemplo, el alquiler de habitaciones a viajeros, directamente o a través de plataformas como Airbnb.

Tributación aplicable

 

A efectos de la tributación aplicable a este tipo de economía habría que diferenciar las distintas plataformas colaborativas que prestan servicios de intermediación por vía electrónica a cambio de una comisión, de los particulares intervinientes directamente en la economía colaborativa que entregan, venden o permutan bienes y servicios a cambio de una contraprestación dineraria o en especie:

  • Plataformas electrónicas: resulta indudable su tributación por el Impuesto sobre Sociedades, debido a su naturaleza societaria y a su tributación por el IVA, al realizar frecuentemente actividades empresariales o profesionales. Si el que la ejerce es un profesional/autónomo, tributaría por el IRPF como rendimientos de actividades económicas y de la misma forma en IVA.

 

  • Particulares cuya finalidad es intercambiar bienes, servicios y tiempo o compartir gastos: la fiscalidad debería permanecer ajena y no gravar este tipo de actividades y, según nuestra normativa fiscal, tanto en el IRPF como en el IVA, así ocurre con carácter general.

 

Ahora bien, para los particulares que mediante plataformas colaborativas prestan servicios u ofrecen bienes mediante contraprestación, existen dudas sobre cuál es la naturaleza de la actividad que realizan, que deben aclararse si las rentas obtenidas y los servicios prestados lo son en el ámbito de una actividad empresarial o profesional o no.

Tanto en relación con el IRPF como en relación con el IVA, se consideran actividades empresariales o profesionales “las que implican la ordenación por cuenta propia de medios materiales y/o humanos con el fin de intervenir en la producción y distribución de bienes y servicios”.

Difícilmente, los particulares que intervienen en la economía colaborativa pueden tener esta consideración de empresario o profesional afectos a dichos tributos.

En algunos países, como Italia por ejemplo, las rentas percibidas a través de plataformas digitales deben declararse en el IRPF, siendo de aplicación distintos tipos: hasta 10.000 euros un tipo fijo del 10% y a partir de 10.000 euros se suman al resto de las rentas, siendo de aplicación el tipo que corresponda.

En el Reino Unido, se establece una franquicia o exención del IRPF de 1.000 libras.

En relación a España, respecto al IRPF, se establecen  diversos umbrales por debajo de los cuales no existe la obligación de presentar declaración por el IRPF, entre los que destacamos los dos siguientes:

  • Cuando se obtengan rendimientos íntegros del trabajo, hasta el límite de 22.000 euros íntegros anuales.
  • En el caso que se obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, solo existe obligación de presentar declaración por el IRPF si superan el límite conjunto de 1.000 euros anuales.

 

En el IRPF, se distinguen distintas categorías de renta, esencialmente: rendimientos del trabajo, rendimientos del capital, inmobiliario o mobiliario, rendimientos de actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales e imputación de rentas inmobiliarias.

Partiendo de la consideración anterior, de que los particulares que intervienen en la economía colaborativa no se dedican a esta actividad con una mínima infraestructura organizativa y no llevan a cabo una actividad económica de cara al mercado, no cabría calificar las posibles rentas obtenidas como “rendimientos de actividades económicas”, por lo que trataremos de encuadrar dichas contraprestaciones en las otras categorías de rentas, a efectos del IRPF.

Economía colaborativa en sistemas basados en productos

 

Entre los casos más conocidos está BlaBlaCar, que consiste en el alquiler de un coche para compartir un viaje. El art. 5 de la Ley 35/2006 califica de “rendimientos del capital mobiliario” los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, por lo que la contraprestación obtenida por el alquiler de un coche para compartir un viaje tendrá esta naturaleza de rendimiento de capital mobiliario, al tratarse del arrendamiento de un bien mueble, siendo deducibles la parte proporcional de los gastos por suministros o la amortización del vehículo.

Economía colaborativa basada en mercados de redistribución

 

El art. 33 de la Ley del IRPF califica las rentas generadas por este tipo de servicio como “ganancia o pérdida patrimonial”, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  • Que se produzca una variación en el valor del patrimonio.
  • Que exista una alteración en la composición de dicho patrimonio.
  • Que la renta obtenida no esté sujeta al Impuesto por otro concepto (como, por ejemplo, rendimientos del capital o de actividades económicas).

 

Las ganancias o pérdidas patrimoniales se determinan, con carácter general, por la diferencia entre el valor de enajenación o transmisión y el valor de adquisición del bien transmitido. En el caso de permuta de bienes, el cálculo se efectúa por la diferencia entre: el mayor del valor de mercado del bien recibido o del bien entregado y el valor de adquisición del bien entregado.

No obstante, el propio art. 33 de la Ley establece una delimitación negativa de las pérdidas patrimoniales, estableciendo que no tienen esta consideración cuando se consumen bienes perecederos, ni tampoco respecto a la parte consumida (o disminución del valor por el uso) de bienes de consumo duradero (por ejemplo, un automóvil). Por tanto, en el caso de venta  de bienes de segunda mano, realmente siempre se produciría una pérdida patrimonial por la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de venta del bien. En el supuesto de permuta de dichos bienes de segunda mano, al tomarse como referencia para su cálculo el valor de mercado, se produciría, igualmente, una pérdida patrimonial. En ambos supuestos, ya que dicha pérdida es debida al consumo o disminución del valor por el uso de los bienes que se venden o permutan, no se incluiría en la correspondiente declaración por el IRPF.

Economía colaborativa basada en estilos de vida colaborativa

 

El supuesto más habitual sería el alquiler de la vivienda, ya sea la vivienda en su totalidad o una parte de la misma. Este alquiler solo se considera actividad económica, a efectos del IRPF, cuando se emplee en dicha actividad a una persona con contrato laboral a jornada completa, en cuyo caso, además, debería darse de alta en el IAE, aunque esté exento de su pago, debiendo presentar la declaración censal, Modelo 036. En otro caso, es decir, como sucedería con carácter general en el ámbito de la economía colaborativa, se trata de un “rendimiento de capital inmobiliario” (art. 22 de la Ley del IRPF), debiendo distinguirse:

  1. Si se alquila la vivienda en su totalidad: para calcular dicho rendimiento de capital inmobiliario, se computaría como ingreso el rendimiento íntegro obtenido teniendo la consideración de gastos deducibles los intereses por la adquisición del inmueble, los gastos de conservación y reparación, suministros y amortización del inmueble. Posteriormente, sobre el rendimiento neto positivo resulta aplicable una reducción del 60%. Ahora bien, si el inmueble solamente ha estado arrendado durante “una parte del año” y durante la otra parte se encuentra a disposición de su propietario, se aplicarían las siguientes reglas de prorrateo:

– Rendimientos del capital inmobiliario: se computarían como rendimientos íntegros los devengados durante el período de arrendamiento, siendo gastos deducibles los devengados durante dicho período.

– Imputación de rentas inmobiliarias en proporción al número de días en los que el inmueble no ha estado arrendado: dicha imputación será el 1,1 % del valor catastral del inmueble (si éste ha sido revisado) o el 2% en caso contrario, sin deducción de ningún gasto.

2. Si se alquila una parte de la vivienda habitual: el rendimiento del capital inmobiliario se calcularía de la forma indicada anteriormente, ingreso íntegro menos gastos deducibles, si bien dichos gastos deberían calcularse de forma proporcional al nº de metros cuadrados alquilados respecto al total del inmueble y al nº de días de alquiler en relación al total de días del año.

Debemos destacar que el art. 25 de la Ley del IRPF califica como “rendimientos del capital mobiliario”, los procedentes del “subarrendamiento” percibidos por el subarrendador, por lo que, en el caso de un subarrendamiento de una vivienda o parte de la misma efectuada por su arrendatario, dicho subarriendo tendría la naturaleza de “rendimiento del capital mobiliario” para el arrendatario-subarrendador, siendo deducible la renta satisfecha al arrendador del inmueble, en la parte proporcional.

Dichos rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario tributarían por la tarifa general del Impuesto, de carácter progresivo.

El IVA en la economía colaborativa

 

Con carácter general, los particulares que intervienen en la economía colaborativa, no tiene la consideración de empresarios o profesionales a efectos de este Impuesto, por lo que sus operaciones no están sujetas al IVA. Ahora bien, un caso particular y que sí tendría incidencia en este tributo es el del alquiler de inmuebles, ya que, como hemos señalado anteriormente, el arrendador, en principio, es sujeto pasivo del IVA. No obstante, y con carácter general, el arrendamiento de viviendas, incluidos los garajes y anexos accesorios y los muebles arrendados conjuntamente con ellas,  está exento del IVA (art. 20. Uno. 23º de la Ley 37/1992, del IVA). En el caso de arrendamiento de viviendas para uso turístico, la Doctrina de la Dirección General de Tributos ha manifestado que:

  • Si el arrendador no se limita a la puesta a disposición del inmueble, sino que presta, además, algún servicio propio de la industria hotelera (como la limpieza periódica del inmueble, cambio periódico de ropa de cama y baño u otra serie de servicios) el arrendamiento estaría gravado por el IVA, al tipo reducido del 10 % (art. 91. Uno. 2º de la  Ley).

 

  • El arrendamiento por temporadas de un inmueble dedicado al alquiler turístico, donde se prestan solo los servicios previstos como obligatorios en la normativa reguladora de este tipo de establecimientos, está exentos del IVA, ya que dichos servicios obligatorios no son los propios de la industria hotelera.

Ahora bien, en este supuesto, exención del IVA, se plantea la tributación por ITP y AJD, concepto “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”, ya que conforme a lo dispuesto en el art. 7 del T.R. de la Ley del ITP (R.D.LG 1/1993), los arrendamientos de bienes inmuebles sujetos, pero exentos del IVA, tributan por esta modalidad del ITP y AJD,  siendo sujeto pasivo el arrendatario o turista que alquila la habitación o vivienda y responsable de su pago el arrendador; se aplicarían los tipos de gravamen que fijados por cada Comunidad Autónoma, o, en caso de que no se hubieran aprobado por dicha Comunidad, debería aplicarse la escala de gravamen estatal, con tipos que oscilan entre 0,09 euros y 30,77 euros, para arrendamientos por importe de 7.700 euros. Consideramos que al tratarse de estancias cortas y de muy limitada duración, debería declararse expresamente su exención en la normativa de dicho Impuesto.